La participación hondureña en la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, COP2, realizada en Buenos Aires, Argentina, representó un momento estratégico para reiterar la urgencia de que Honduras se sume a este tratado regional, considerado una herramienta clave para fortalecer la democracia ambiental, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
En este espacio internacional participaron siete integrantes de la Red Hondureña por Escazú, bajo el lema “Escazú en Honduras, ahora más que nunca”, con el propósito de hacer un llamado directo al Estado hondureño para avanzar hacia la firma y ratificación del acuerdo.
El FOSDEH, gracias al apoyo de Bosques del Mundo, participó en la COP2 como miembro de la Red Hondureña por Escazú, sumándose a este esfuerzo colectivo de incidencia regional para visibilizar los desafíos ambientales, territoriales y de derechos humanos que enfrenta Honduras.
La COP2 tuvo como uno de sus objetivos centrales la elección de las primeras personas integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, un órgano consultivo, transparente, no judicial y no punitivo, creado para apoyar a los Estados Parte en la implementación del tratado.
Un tratado clave para la justicia ambiental
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe orientado a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, es el primer acuerdo regional que contiene disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Estos elementos son especialmente importantes para Honduras, un país marcado por conflictos territoriales, presiones extractivas, deterioro ambiental, disputas por el acceso al agua, deforestación, criminalización de defensoras y defensores ambientales, y profundas brechas en la participación ciudadana.
Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú permitiría fortalecer la transparencia ambiental, mejorar el acceso a información pública, ampliar los mecanismos de participación y abrir mejores condiciones para que las comunidades puedan acudir a la justicia cuando sus derechos y territorios se vean amenazados.
¿El Acuerdo de Escazú es de y para los pueblos originarios?
Una de las preguntas más importantes para Honduras y para América Latina es si el Acuerdo de Escazú puede convertirse en una herramienta real para los pueblos originarios, o si corre el riesgo de quedarse como un compromiso jurídico sin suficiente transformación territorial.
El tratado reconoce la importancia de la participación activa y efectiva de las personas, organizaciones de sociedad civil y comunidades en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, su verdadero alcance dependerá de que los pueblos indígenas y afrodescendientes tengan un papel significativo en su implementación, seguimiento y exigibilidad.
Esta discusión es fundamental porque los pueblos originarios de América Latina y el Caribe han sido históricamente marginados de las decisiones sobre sus territorios. En nombre del desarrollo, la inversión o la explotación de recursos naturales, muchas comunidades han enfrentado desplazamiento, contaminación, pérdida de medios de vida, amenazas, criminalización y exclusión de los procesos de consulta y decisión.
Por eso, Escazú debe entenderse como una oportunidad, pero también como una responsabilidad. Para que sea realmente un acuerdo de y para los pueblos originarios, los Estados deben garantizar consulta, participación efectiva, acceso a información culturalmente pertinente, protección frente a represalias y mecanismos de justicia accesibles para las comunidades.
También es necesario reconocer que los pueblos originarios no son un bloque homogéneo. Cada pueblo, territorio y comunidad tiene su propia historia, forma de organización, relación con la naturaleza, prioridades y visión de desarrollo. La implementación del Acuerdo de Escazú debe respetar esa diversidad y promover una participación equitativa, intercultural y territorialmente pertinente.
En el caso hondureño, esta reflexión cobra especial relevancia por la presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes que enfrentan conflictos vinculados con minería, energía, bosques, agua, turismo, infraestructura, áreas protegidas y uso del suelo. Sin una participación real de estos pueblos, cualquier política ambiental corre el riesgo de reproducir exclusión, desconfianza y conflictividad.
Honduras frente a una oportunidad democrática
Honduras enfrenta múltiples conflictos ambientales relacionados con la deforestación, la minería, la exploración de combustibles fósiles, los impactos del cambio climático y la presión sobre bienes comunes. Estos problemas tienen consecuencias directas sobre la economía local, la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la vida cotidiana de las comunidades.
A ello se suman desafíos estructurales como la débil aplicación de la ley, la corrupción, la falta de información pública oportuna, la limitada participación ciudadana y la criminalización de quienes defienden el ambiente y el territorio.
En este contexto, el Acuerdo de Escazú ofrece una ruta para fortalecer la gobernanza ambiental desde un enfoque centrado en las personas. Su adopción podría contribuir a prevenir conflictos, reducir la opacidad en la toma de decisiones, mejorar la calidad de la información ambiental y fortalecer la confianza entre Estado, ciudadanía, comunidades, academia, cooperación internacional y sectores productivos.
Una participación estratégica desde sociedad civil
La presencia de la Red Hondureña por Escazú en la COP2 permitió conocer de primera mano los avances, desafíos y aprendizajes de otros países de América Latina y el Caribe, no solo en relación con la firma del tratado, sino también con su incorporación en los marcos jurídicos nacionales y su implementación práctica.
Desde su participación como miembro de la Red, el FOSDEH contribuyó a posicionar la urgencia de que Honduras avance hacia la adhesión al Acuerdo de Escazú, especialmente frente a los desafíos que el país enfrenta en materia de conflictividad socioambiental, transparencia, acceso a la información, justicia ambiental y protección de derechos.
Actualmente, el Acuerdo de Escazú cuenta con 24 países firmantes y 19 Estados Parte en América Latina y el Caribe, lo que muestra un avance regional importante, aunque todavía insuficiente para lograr una cobertura plena en la región.
Escazú en Honduras, ahora más que nunca
La firma del Acuerdo de Escazú sigue siendo una demanda urgente para Honduras. En un contexto de alta conflictividad territorial y ambiental, este tratado representa una oportunidad para prevenir abusos, fortalecer derechos, proteger a quienes defienden el ambiente y construir decisiones públicas más abiertas, responsables y sostenibles.
Para que Escazú tenga sentido en Honduras, no basta con firmarlo. Debe implementarse con participación real de las comunidades, pueblos originarios, organizaciones territoriales, academia, sociedad civil, mujeres, juventudes y personas defensoras del ambiente.
Escazú en Honduras, ahora más que nunca.