Tegucigalpa, 21 de septiembre de 2024 – En un contexto de creciente conflictividad socioambiental y con la urgente necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental en el país, expertos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) participaron en una entrevista con Proceso Digital HN, donde plantearon una pregunta clave: ¿Qué falta para que Honduras firme el Acuerdo de Escazú?
La conversación, liderada por la MSc. Emma Velásquez y el Lic. Evin Pagoaga, abordó los desafíos que enfrenta el país para adherirse a este tratado internacional, que es fundamental para garantizar transparencia, participación ciudadana y protección de los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú: Una herramienta clave para la justicia ambiental
Adoptado en 2018, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que establece mecanismos jurídicos para:
- Garantizar el acceso a la información ambiental, permitiendo a la ciudadanía conocer y exigir transparencia en proyectos que afectan su entorno.
- Promover la participación pública en la toma de decisiones, asegurando que las comunidades sean escuchadas antes de la aprobación de iniciativas que impactan sus territorios.
- Fortalecer la protección de los defensores ambientales, aspecto crucial en Honduras, considerado uno de los países más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente.
A pesar de los beneficios de este acuerdo, Honduras aún no ha firmado ni ratificado el tratado, lo que limita su capacidad de fortalecer la justicia ambiental y los derechos de las comunidades afectadas por proyectos extractivos y de infraestructura.
Los obstáculos para la firma del Acuerdo de Escazú
Durante la entrevista, los expertos del FOSDEH señalaron que la falta de adhesión de Honduras a Escazú responde a una combinación de factores políticos, económicos y estructurales, entre los que destacan:
- Falta de voluntad política: A pesar de la presión de la sociedad civil y organismos internacionales, el gobierno no ha dado pasos concretos para firmar el tratado.
- Intereses privados en sectores extractivos: La implementación de Escazú obligaría a transparentar proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales, lo que podría generar resistencia de grupos de poder.
- Débil acceso a la información ambiental: En Honduras, el acceso a datos abiertos y mecanismos de consulta pública sigue siendo limitado, lo que impide a la ciudadanía participar activamente en la toma de decisiones.
- Alto riesgo para los defensores ambientales: La violencia contra activistas sigue siendo una grave preocupación, lo que evidencia la necesidad de mecanismos de protección efectivos como los que plantea Escazú.
¿Qué se puede hacer para avanzar?
El FOSDEH subrayó que la firma del Acuerdo de Escazú no debe depender únicamente del gobierno, sino de una presión ciudadana constante para exigir avances en este tema. Para lograrlo, es necesario:
- Fomentar el debate público sobre la importancia del acuerdo y su impacto en la gobernanza ambiental.
- Movilizar a la sociedad civil para exigir respuestas concretas sobre el estado del proceso de firma y ratificación.
- Exigir transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan el medio ambiente y las comunidades.
- Generar alianzas entre organizaciones para impulsar estrategias de incidencia y participación en el proceso de adhesión.
Es tiempo de exigir más
La firma del Acuerdo de Escazú representa un paso crucial para consolidar la transparencia, la participación y la justicia ambiental en Honduras. Sin embargo, la falta de acción gubernamental sigue postergando este compromiso, mientras las comunidades afectadas continúan enfrentando riesgos y desprotección.
Desde el FOSDEH, reafirmamos nuestro compromiso con la incidencia y la defensa del derecho a un medio ambiente sano. Honduras debe firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para garantizar la protección de su gente y sus recursos naturales.