Tegucigalpa, 4 de noviembre de 2024 – En el marco de la lucha por la justicia ambiental y la protección de los derechos humanos, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) promovió un espacio de diálogo técnico sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país. Este encuentro reunió a organizaciones de base, representantes de la sociedad civil y actores estatales, con el objetivo de fortalecer el debate y asegurar un seguimiento efectivo al proceso de adhesión e implementación del tratado.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional clave que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y la protección de los defensores del medio ambiente. Su ratificación en Honduras representa un avance significativo hacia un modelo de gobernanza ambiental más inclusivo y transparente. Sin embargo, su impacto real dependerá de la vigilancia ciudadana y el compromiso de las autoridades para garantizar su aplicación efectiva.
Diálogo técnico para fortalecer la implementación
Durante el encuentro, se enfatizó la importancia de la colaboración entre la sociedad civil y el Estado para:
- Comprender las realidades locales: El conocimiento de las comunidades y organizaciones territoriales es fundamental para identificar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta el país.
- Enriquecer el debate con diversas perspectivas: La participación activa de distintos sectores permite construir estrategias más inclusivas y representativas.
- Garantizar un proceso de implementación transparente y efectivo: Es necesario establecer mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación del acuerdo.
Un llamado a la acción para la justicia ambiental
El FOSDEH reafirma su compromiso con la incidencia y el análisis técnico para que la ratificación del Acuerdo de Escazú no solo quede en el papel, sino que se traduzca en acciones concretas para la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras.
Solo con una colaboración activa entre la sociedad civil y el Estado se podrá garantizar que Escazú sea un verdadero avance en la protección del entorno y la justicia ambiental en el país.
