La aprobación tardía del Presupuesto General de la República en Honduras ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma. Desde 2006 hasta 2025, el Congreso Nacional ha aprobado sistemáticamente el presupuesto en fechas que, en muchos casos, exceden los tiempos óptimos de planificación. Esta práctica genera incertidumbre en la ejecución de políticas públicas, limita la capacidad de respuesta del Estado y afecta la eficiencia del gasto público.
El retraso en la aprobación del presupuesto no es un asunto menor. Su impacto se traduce en dificultades para la ejecución de proyectos estratégicos, obstaculización de inversiones clave y una gestión financiera caracterizada por la improvisación. La falta de planificación fiscal efectiva compromete la estabilidad económica del país y debilita la confianza de la ciudadanía, inversionistas y organismos internacionales en el manejo de las finanzas públicas.
Desde una perspectiva técnica, un análisis del comportamiento histórico de la aprobación presupuestaria evidencia un patrón de demora que afecta la operatividad de las instituciones gubernamentales. En múltiples ocasiones, el Congreso ha aprobado el presupuesto en diciembre o incluso en el año fiscal en curso, reduciendo los márgenes de maniobra para la ejecución eficiente de los recursos.
Ante esta situación, es urgente implementar reformas que permitan un proceso de planificación y aprobación del presupuesto más predecible, eficiente y transparente. Es necesario fortalecer la institucionalidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se gestionen con criterios de oportunidad y responsabilidad. De lo contrario, el país seguirá atrapado en un ciclo de retrasos que impacta negativamente en la inversión social, la infraestructura y el desarrollo económico.
El FOSDEH reitera la necesidad de una gestión presupuestaria que priorice la previsión y la estabilidad, y hace un llamado a la implementación de mecanismos que aseguren la planificación y ejecución eficiente de los recursos. La transparencia y la responsabilidad fiscal no pueden seguir siendo postergadas.
