El trabajo es, en teoría, uno de los principales mecanismos de movilidad social y base del bienestar económico de las personas. Sin embargo, en Honduras esta premisa se desvanece ante una realidad profundamente marcada por la precariedad, la informalidad y la desigualdad. A pesar de los discursos sobre crecimiento económico, miles de personas siguen atrapadas en empleos mal remunerados, inestables o, peor aún, excluidas completamente del mercado laboral. Este 1 de mayo 2025, Día Internacional del Trabajo, se convierte en una oportunidad para reflexionar con seriedad y responsabilidad sobre el verdadero estado del empleo en el país.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) junio 2024 son contundentes. Aunque la tasa de desocupación nacional se sitúa en un 5.2%, la cifra esconde un problema aún mayor: la subocupación. Más de 1.29 millones de personas trabajan jornadas completas o más, pero sus ingresos están por debajo del salario mínimo. Otras 317 mil personas se encuentran subocupadas por tiempo, es decir, tienen trabajos parciales involuntarios. Estos indicadores revelan que más del 43% de la población ocupada no tiene un empleo que le permita vivir con dignidad.
A este panorama se suma un dato alarmante: el 28.7% de los jóvenes entre 12 y 30 años no estudia ni trabaja. Esto significa que casi un millón de jóvenes está fuera del sistema productivo y educativo, condenados a la frustración, a la migración o a la informalidad crónica. Esta exclusión juvenil representa una pérdida masiva de talento humano para el país.
La situación es aún más crítica para las mujeres. La tasa de desocupación femenina es del 6.5%, frente al 4.4% en hombres, y el tiempo promedio de búsqueda de empleo para las mujeres es mayor. Además, su participación en el mercado laboral es apenas del 40.9%, afectada por barreras estructurales como la carga de los cuidados no remunerados y la discriminación laboral.
Nuestro diagnóstico es claro: la estrategia de desarrollo actual es incapaz de garantizar trabajo digno y sostenible para la mayoría. Los datos muestran que incluso con educación superior, muchas personas permanecen desempleadas o subempleadas. La relación entre ingresos y educación confirma una estructura profundamente desigual: quienes no tienen educación formal ganan en promedio L.5,227 mensuales, mientras que quienes acceden a educación superior pueden superar los L.18,000. Pero estas oportunidades son aún inaccesibles para la mayoría, especialmente en zonas rurales.
La pobreza laboral es una realidad: más del 62.9% de los hogares vive por debajo de la línea de pobreza, y el 40.1% en pobreza extrema. Esta situación no solo refleja carencias materiales, sino una falla estructural en la capacidad del país para convertir el empleo en un vehículo de desarrollo y equidad.
Ante este panorama, Honduras necesita un nuevo pacto social que coloque al trabajo digno como eje del desarrollo. No se trata solo de generar empleos, sino de garantizar condiciones laborales que respeten la dignidad humana, permitan ingresos justos y ofrezcan estabilidad. Este 1 de mayo debe ser más que una conmemoración: debe ser un punto de partida para exigir transformaciones profundas que devuelvan la esperanza a quienes cada día sostienen con su esfuerzo este país.