El 7 de julio de 2025, Estados Unidos anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, medida que durante más de dos décadas amparó a más de 74 mil compatriotas. Aunque la decisión se justifica en una aparente mejora de las condiciones en el país, el análisis elaborado por el FOSDEH revela una realidad mucho más compleja.
El documento examina las graves consecuencias humanas de esta decisión, particularmente en la ruptura de núcleos familiares, la precariedad migratoria y el riesgo de deportaciones masivas. Más allá del impacto económico —donde las remesas continúan siendo una fuente clave de estabilidad macroeconómica—, el informe destaca que Honduras no cuenta actualmente con las condiciones mínimas para recibir dignamente a quienes podrían regresar.
Con datos oficiales, se evidencia cómo la pobreza, el desempleo, el alto costo de la vida y el limitado acceso a servicios públicos siguen siendo parte del día a día para millones de hondureños. En este contexto, el retorno de los beneficiarios del TPS sin una estrategia seria y articulada solo profundizaría las crisis ya existentes.
El FOSDEH hace un llamado a construir una política integral de retorno, fortalecer el rol del cuerpo diplomático y establecer una agenda común entre gobierno, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional. Es momento de priorizar la dignidad, la reunificación familiar y los derechos humanos frente a las decisiones migratorias.