El Diplomado en Auditoría Social como punto de partida para fortalecer el control ciudadano en infraestructura pública
La inversión pública en infraestructura constituye uno de los pilares estratégicos del desarrollo humano y económico en Honduras. Carreteras, puentes, hospitales, centros educativos, sistemas de agua y energía representan decisiones presupuestarias que impactan directamente en la calidad de vida de la población y en la competitividad del país.
Sin embargo, como se detalla en el perfil académico del Diplomado , persisten desafíos estructurales: rezagos en la planificación, expedientes técnicos incompletos, ampliaciones contractuales injustificadas, fallas constructivas, limitada divulgación de información y riesgos de corrupción en los procesos de asignación, licitación y fiscalización. Estas situaciones no solo afectan la eficiencia del gasto público, sino que erosionan la confianza ciudadana.
Frente a esta realidad, el Diplomado en Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública en Honduras surge como una respuesta formativa integral, orientada a fortalecer capacidades técnicas, metodológicas y éticas para ejercer un control social riguroso, informado y con enfoque de incidencia pública.
Este proceso ha sido posible gracias al apoyo de la Unión Europea en Honduras, en asocio con el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el Open Government Partnership (OGP), la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), la Gerencia de Veeduría Social del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Carrera de Desarrollo Local de la UNAH, y diversas organizaciones de sociedad civil comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas.
Un programa estructurado para transformar la vigilancia ciudadana
El Diplomado —desarrollado en modalidad híbrida (60% presencial y 40% virtual), con una duración aproximada de 70–76 horas académicas — fue diseñado como un programa de educación no formal con alto rigor metodológico y aplicación práctica.
Su objetivo general es claro:
Fortalecer la capacidad de control social de la ciudadanía que demanda transparencia, rendición de cuentas, prevención y denuncia de la corrupción en Honduras .
El programa se dirigió a:
- Miembros de Comisiones Ciudadanas de Transparencia
- Líderes comunitarios
- Organizaciones de sociedad civil
- Redes juveniles
- Periodistas de investigación
- Estudiantes universitarios de último año de Desarrollo Local
- Profesionales interesados en la gestión pública y el control social
Se promovió una participación equilibrada de mujeres y hombres, jóvenes y adultos, con representación territorial diversa.
Una malla curricular orientada a la práctica
El Diplomado se estructuró en seis momentos formativos (M0 a M5), integrando fundamentos conceptuales, análisis normativo, verificación en campo e incidencia pública .
Entre los temas abordados destacan:
- Introducción al Diplomado y al contexto de inversión pública, por la Dra. Emma Velásquez
- El papel estratégico de la infraestructura pública en el desarrollo
- Inversión pública y gestión presupuestaria
- Impacto de la corrupción en la percepción ciudadana
- Introducción y profundización en adquisiciones públicas, con participación de ONCAE
- Evaluación y auditoría social
- Auditoría social a obras de infraestructura social (hospitales, escuelas, centros comunales, sistemas de agua)
- Infraestructura bajo control en el sector energético
Cada módulo integró cuatro dimensiones pedagógicas: conceptualizar, reflexionar, experimentar y aplicar, permitiendo que el aprendizaje trascendiera la teoría y se materializara en ejercicios prácticos, análisis de expedientes reales, construcción de instrumentos de verificación y simulaciones de auditoría.
El eje articulador: el Trabajo Técnico Final
El elemento distintivo del Diplomado fue el Trabajo Técnico Final (TTF), descrito en el perfil académico.
Cada participante —de manera individual o en equipo— aplicó el protocolo de auditoría social (o parte de él) a un proyecto real en su territorio, generando productos concretos:
- Plan de auditoría social
- Instrumentos de verificación
- Registro de evidencias
- Informe técnico ciudadano
- Estrategia de socialización e incidencia
Este ejercicio permitió pasar de la formación a la acción, fortaleciendo capacidades para documentar hallazgos con evidencia verificable, dialogar con instituciones y activar mecanismos de seguimiento.
Del conocimiento a la incidencia: así se construyó el Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública en Honduras
La infraestructura pública no es únicamente obra física. Es acceso a derechos, reducción de desigualdades, dinamización económica y garantía de servicios esenciales para la población. Cuando una carretera, un hospital, una escuela o un sistema de agua falla, no solo falla una estructura: se debilita el desarrollo y la confianza ciudadana.
Con esa convicción nació un proceso que hoy se consolida como una herramienta técnica y ciudadana para fortalecer la transparencia en Honduras: el Diplomado en Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública y la posterior construcción del Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP).
El Diplomado no se queda en teoría: se conecta con una herramienta práctica y estandarizada: el Protocolo para la Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP), que organiza la auditoría social como un proceso estructurado, secuencial y técnicamente fundamentado, aplicable desde la planificación hasta el cierre y la fiscalización. La presentación del protocolo, así como de lo diagramas de flujo con el desarrollo de cada una de las etapas de la autoría social a proyectos de infraestructura pública en Honduras, ha marcado un hito en la investigación y el monitoreo de estos proyectos de gran escala en el país.
Para ejercer auditoría social con rigor, primero hay que comprender el ciclo de vida del Proyecto de Inversión Pública (PIP). Por ello, el Protocolo se apoya en diagramas que muestran, etapa por etapa, la trazabilidad documental y los puntos críticos donde pueden surgir riesgos, alertas o irregularidades.
Mensajes claves sobre el valor del Protocolo de Auditoría Social
Durante el evento de presentación del Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública, José Antonio García, Coordinador Regional de Apoyo a Países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, destacó el alcance estratégico y la relevancia de este esfuerzo colectivo para Honduras y la región.
En su intervención, subrayó que este protocolo constituye una herramienta histórica, construida a partir de la experiencia acumulada, la práctica técnica y un proceso amplio de co-creación ciudadana. Señaló que su valor radica en su capacidad de articular de manera concreta los principios del gobierno abierto: transparencia en el acceso a la información, participación ciudadana efectiva, rendición de cuentas y enfoque de inclusión.
Asimismo, enfatizó que fortalecer la contraloría social en la obra pública es una decisión estratégica, dado que la infraestructura es uno de los sectores de mayor impacto en el desarrollo y, al mismo tiempo, uno de los más expuestos a riesgos de corrupción. En este sentido, resaltó el potencial del protocolo para ser compartido y adaptado en otros países y procesos regionales, posicionando a Honduras como referente en la construcción de herramientas metodológicas para el control ciudadano.
Desde el FOSDEH, reconocemos y agradecemos el respaldo de nuestros socios estratégicos y la participación activa de las personas y organizaciones que contribuyeron a la co-creación de este instrumento. Reafirmamos que la auditoría social no es un ejercicio simbólico, sino un pilar esencial para dotar de contenido real a la democracia y fortalecer el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos.
Este protocolo es una herramienta viva, llamada a seguir creciendo, perfeccionándose y ampliando su impacto desde los territorios, a partir de su aplicación práctica y del diálogo continuo entre ciudadanía, instituciones y actores comprometidos con la transparencia.
Aldair Portillo, Coordinador de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) de Honduras, destacó la importancia de contar con herramientas concretas que fortalezcan el trabajo de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia en el país.
En su intervención, subrayó que la formación, el acceso a instrumentos técnicos y el trabajo colaborativo entre el Estado y la sociedad civil son elementos fundamentales para lograr una incidencia ciudadana más efectiva, orientada a la exigibilidad de la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente desde los gobiernos locales. Señaló que el fortalecimiento de capacidades no solo amplía el espacio cívico, sino que permite a las comisiones ejercer veeduría con mayor rigor y respaldo metodológico.
Asimismo, resaltó que el Protocolo AS-PIP se convierte en una guía práctica y de primera mano para acompañar los procesos de inversión pública, facilitando la realización de auditorías sociales y el seguimiento técnico de proyectos de infraestructura. Esta herramienta, indicó, ofrece una base estructurada para que las comisiones ciudadanas puedan actuar con mayor claridad, responsabilidad y enfoque en resultados.
Desde la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se reconoció el trabajo del FOSDEH como una organización de sociedad civil con trayectoria y estándares de calidad, y se valoró el proceso de co-creación desarrollado en el marco del programa de gobierno abierto, que hoy se traduce en un instrumento útil, abierto y perfectible.
Desde el FOSDEH reafirmamos que este esfuerzo colectivo evidencia que la lucha contra la corrupción requiere liderazgo compartido, articulación institucional y responsabilidad ciudadana. La auditoría social, aplicada con método y evidencia, es un componente esencial para fortalecer la democracia y el control del uso de los recursos públicos desde los territorios.
La auditoría social es un proceso estructurado, secuencial y técnicamente fundamentado, diseñado para acompañar las obras públicas desde su planificación hasta su cierre y fiscalización.
El diagrama que compartimos forma parte del Protocolo para la Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP) y organiza la metodología en fases claras y articuladas: Diseño, Verificación, Informe, Escalamiento institucional, Rendición social.
Este documento no constituye propiedad intelectual exclusiva, sino que integra conocimientos, ideas, reflexiones y aportes compartidos por diversas organizaciones que han trabajado la auditoría social a proyectos de infraestructura.
Cada fase incorpora herramientas técnicas, criterios normativos y participación ciudadana informada, permitiendo verificar la coherencia entre lo planificado, lo contratado, lo ejecutado y lo pagado. Este flujograma ofrece un mapa integral para conducir auditorías sociales con rigurosidad técnica, enfoque de derechos y trazabilidad documental.
La auditoría social parte de una premisa central: la infraestructura pública no es neutral. Las decisiones sobre qué se construye, dónde y bajo qué condiciones impactan directamente en derechos, territorios y desarrollo. Por ello, el control ciudadano requiere método, evidencia y organización.
La etapa de Planificación y Precalificación del Proyecto de Inversión Pública (PIP) constituye el momento estratégico en el que se define la viabilidad económica, técnica, ambiental y presupuestaria del proyecto. En esta fase se analizan los estudios de factibilidad, el costo-beneficio, la alineación con los planes de desarrollo, el registro en el SNIP y la correspondiente asignación presupuestaria. Es un punto crítico del ciclo de la inversión pública, ya que muchas irregularidades no se originan en la ejecución de la obra, sino en decisiones previas insuficientemente sustentadas. Desde la perspectiva del Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP), esta etapa exige una verificación rigurosa de la coherencia técnica y financiera, el cumplimiento de criterios de legalidad y transparencia, y la pertinencia social del proyecto antes de que avance a las fases posteriores.
La etapa de Licitación y Contratación constituye uno de los momentos más sensibles y determinantes del ciclo del Proyecto de Inversión Pública (PIP). Antes de que inicie la construcción, es aquí donde se establecen las reglas del proceso, los criterios técnicos y financieros de evaluación, y las condiciones bajo las cuales se seleccionará al contratista. En otras palabras, es el punto donde se define cómo se administrarán los recursos públicos y bajo qué parámetros se ejecutará la obra.
En esta fase se desarrollan procesos clave como la elección del tipo de procedimiento (licitación pública, concurso público, licitación privada o contratación directa), la elaboración de pliegos y términos de referencia (TDR), la publicación en HONDUCOMPRAS, la recepción de ofertas, la evaluación técnica y financiera, y finalmente la adjudicación y formalización del contrato. También intervienen comisiones evaluadoras, oferentes y entes de control, lo que exige transparencia y trazabilidad en cada paso.
Desde la perspectiva del Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP), esta etapa requiere especial atención porque en ella pueden identificarse riesgos estructurales que afectan la integridad del proyecto. Entre los principales riesgos se encuentran: pliegos restrictivos o diseñados para favorecer a determinados proveedores; evaluaciones técnicas o financieras sin debida justificación; uso indebido de causales de excepción o declaratorias de emergencia; y falta de publicidad o incumplimiento de plazos legales.
La auditoría social en esta fase implica revisar la documentación publicada, verificar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, analizar la coherencia entre los criterios establecidos y la adjudicación final, y monitorear la trazabilidad del proceso. No se trata únicamente de observar quién ganó el contrato, sino de examinar si la competencia fue real, si las reglas fueron claras y si la decisión respondió a criterios técnicos, legales y de interés público.
Comprender esta etapa es fundamental para ejercer un control ciudadano preventivo y basado en evidencia, ya que muchas irregularidades que luego se reflejan en sobrecostos, retrasos o deficiencias constructivas tienen su origen en decisiones tomadas durante la contratación. Una auditoría social oportuna en esta fase fortalece la transparencia, protege el uso eficiente de los recursos públicos y contribuye a consolidar la confianza ciudadana en la gestión de la infraestructura.
La etapa de Ejecución y Supervisión es el momento en el que la planificación y la contratación se materializan en obra física. Es aquí donde el proyecto pasa del expediente técnico al territorio y donde se pone a prueba la calidad de la gestión pública. Sin embargo, también es la fase en la que se concentran riesgos técnicos, financieros y de cumplimiento contractual que pueden afectar directamente el costo, el tiempo y la calidad de la infraestructura.
Durante esta etapa se desarrollan procesos fundamentales como la emisión de la orden de inicio y la movilización de recursos; la ejecución de actividades conforme al cronograma aprobado; el control de calidad mediante ensayos de materiales y verificaciones técnicas; la certificación periódica del avance físico; la revisión y aprobación de estimaciones de pago; y la gestión de modificaciones contractuales relacionadas con cambios de alcance, ampliaciones de plazo o ajustes presupuestarios. Asimismo, se realizan procedimientos vinculados a la recepción provisional, la entrega de planos “As-Built” y el cierre de cada ciclo mensual de ejecución.
El diagrama correspondiente permite visualizar la interacción entre la empresa ejecutora, la supervisión técnica, la SEFIN y el ente sectorial responsable, evidenciando cómo cada actor cumple un rol específico en el control del avance físico y financiero del proyecto.
Desde la perspectiva del Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP), auditar esta etapa implica verificar que el avance físico coincida con el avance financiero; revisar certificados de obra y procesos de aseguramiento de calidad; identificar desviaciones significativas o no conformidades; analizar modificaciones contractuales y órdenes de cambio; y confirmar que los desembolsos estén debidamente autorizados y respaldados documentalmente.
La auditoría social en ejecución no se limita a observar la obra construida; examina la coherencia técnica, documental y financiera del proceso en su conjunto. Una supervisión efectiva, complementada con una ciudadanía informada y vigilante, contribuye a prevenir sobrecostos, retrasos injustificados, ampliaciones indebidas y deficiencias constructivas, fortaleciendo así la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La etapa de Cierre y Entrega de Obra marca el momento en que el proyecto debe demostrar, de manera formal y verificable, que lo ejecutado cumple con lo planificado, lo contratado y lo pagado. En el marco del Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP), el cierre no se entiende como un simple trámite administrativo, sino como una fase crítica de validación técnica, financiera y documental.
Durante esta etapa se desarrollan procesos esenciales como la finalización de los trabajos y la limpieza del sitio; la revisión integral de la obra y de la documentación técnica (planos “As-Built”, manuales de operación, certificados y expediente final); la emisión del acta de recepción provisional junto con la identificación de defectos pendientes; la gestión del período de garantías; la recepción definitiva; la liquidación financiera y emisión del finiquito; y la publicación del expediente de cierre en los portales de transparencia.
Desde la perspectiva del AS-PIP, auditar esta fase implica verificar que los defectos detectados hayan sido subsanados antes de la recepción definitiva; confirmar que la liquidación financiera refleje con exactitud los pagos realizados y las deducciones correspondientes; revisar la correcta liberación de garantías de fiel cumplimiento; y asegurar que el expediente final esté completo, debidamente respaldado y accesible al público.
Una obra solo puede considerarse verdaderamente concluida cuando existe recepción formal, cierre ambiental cuando aplique, liquidación financiera debidamente documentada y disponibilidad pública de la información. El control ciudadano en esta fase es fundamental para prevenir cierres prematuros, liberaciones indebidas de garantías o pagos sin respaldo técnico, fortaleciendo así la transparencia y la protección del interés público.
La etapa de Fiscalización representa el momento en que el Estado verifica, con rigor técnico, financiero y legal, si la inversión pública cumplió efectivamente su propósito. La ejecución y el cierre de la obra no marcan el final del proceso; por el contrario, abren paso a una revisión integral que permite evaluar resultados, responsabilidades y lecciones aprendidas.
En esta fase, instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Oficina Nacional de Auditoría Interna y Control Institucional (ONADICI) articulan auditorías técnicas, financieras y de desempeño. Estas revisiones analizan el cumplimiento de obligaciones contractuales, las evaluaciones y certificaciones técnicas, los costos finales y ajustes presupuestarios, el uso de los fondos públicos, la correcta gestión de garantías, así como la necesidad de auditorías especiales en proyectos de mayor riesgo.
Durante la fiscalización se consolidan hallazgos, se integran informes técnicos y financieros, y se formulan recomendaciones que pueden derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales cuando corresponda. Este proceso no solo determina si hubo irregularidades, sino también identifica oportunidades de mejora en la gestión pública.
Desde la perspectiva del Protocolo de Auditoría Social a Proyectos de Infraestructura Pública (AS-PIP), la fiscalización institucional se complementa con la auditoría social. La participación ciudadana aporta evidencia territorial, seguimiento comunitario y una visión preventiva que fortalece la supervisión formal. De esta manera, la fiscalización deja de ser únicamente un control posterior y se convierte en una herramienta para mejorar la calidad del gasto público, prevenir futuras irregularidades y asegurar que la infraestructura pública genere beneficios reales y sostenibles para la ciudadanía.