Del 17 al 26 de mayo de 2026, representantes de FENAPAPEDISH, BIC y FOSDEH visitaron alcaldías, comunidades y obras de infraestructura pública para evaluar los avances del proyecto, verificar la incorporación de recomendaciones previas e identificar oportunidades para una implementación más resiliente, inclusiva y respetuosa de los derechos de las comunidades.
En el marco de un proceso de auditoría social, del 17 al 26 de mayo se desarrolló una gira de trabajo orientada al seguimiento, análisis y evaluación de los impactos y riesgos ambientales y sociales asociados a la ejecución de obras de infraestructura pública.
La gira tuvo como propósito verificar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales establecidas para el proyecto, así como determinar el nivel de incorporación de las recomendaciones formuladas durante una fase anterior del proceso de seguimiento.
Este ejercicio permitió observar directamente las condiciones de las obras, recopilar información de los actores involucrados e identificar avances, desafíos y aspectos que requieren una mayor atención por parte de las instituciones responsables.
Diálogo con autoridades y comunidades
Como parte de las actividades, se sostuvieron reuniones con alcaldes, autoridades y directores departamentales, docentes, padres y madres de familia, así como con líderes y lideresas comunitarias.
Estos espacios de diálogo permitieron conocer las distintas perspectivas sobre la ejecución del proyecto, valorar sus resultados y documentar las principales preocupaciones relacionadas con la calidad de las obras, su funcionalidad, accesibilidad, sostenibilidad y capacidad para responder a las necesidades de las comunidades.
La participación de los actores locales constituye un elemento central de la auditoría social, debido a que son las comunidades y las personas usuarias quienes experimentan directamente los beneficios, limitaciones e impactos de las intervenciones públicas.
Seguimiento a las recomendaciones
Uno de los componentes principales de la gira fue evaluar en qué medida las recomendaciones planteadas durante la fase anterior fueron consideradas e incorporadas en la implementación del proyecto.
Este seguimiento es fundamental para que las observaciones recogidas mediante la auditoría social no se limiten a un diagnóstico, sino que contribuyan a mejorar la toma de decisiones, corregir debilidades y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, el proceso permitió identificar lecciones aprendidas que pueden orientar futuras intervenciones y favorecer la ejecución de proyectos de infraestructura con mayor capacidad de adaptación frente a los riesgos ambientales, sociales y territoriales.
Infraestructura con enfoque inclusivo y de derechos
La evaluación también consideró la necesidad de que las obras públicas respondan a criterios de inclusión, accesibilidad y protección de los derechos de las personas y comunidades.
La infraestructura pública no debe valorarse únicamente por su construcción física o por el cumplimiento de los plazos administrativos. También debe analizarse su utilidad social, su seguridad, su sostenibilidad y su capacidad para atender a poblaciones históricamente excluidas, entre ellas las personas con discapacidad.
Desde esta perspectiva, el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales constituye una responsabilidad esencial para prevenir afectaciones, reducir riesgos y garantizar que las inversiones públicas contribuyan efectivamente al bienestar colectivo.
Un esfuerzo conjunto de auditoría social
La gira fue desarrollada de manera conjunta por la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), representantes del Banco Informativo Central (BIC) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
La articulación entre organizaciones sociales, actores comunitarios y entidades especializadas fortalece los procesos de vigilancia ciudadana y permite generar evidencia para promover obras públicas más transparentes, inclusivas y orientadas al interés público.
A través de este proceso, las organizaciones participantes reafirman la importancia de la auditoría social como una herramienta para dar seguimiento a la inversión pública, fortalecer la participación ciudadana y contribuir a que los proyectos de infraestructura incorporen las necesidades, experiencias y recomendaciones de las comunidades.