El trabajo es, en teoría, uno de los principales mecanismos de movilidad social y base del bienestar económico de las personas. Sin embargo, en Honduras esta premisa se desvanece ante una realidad profundamente marcada por la precariedad, la informalidad y la desigualdad. A pesar de los discursos sobre crecimiento económico, miles de personas siguen atrapadas en empleos mal remunerados, inestables o, peor aún, excluidas completamente del mercado laboral. Este 1 de mayo 2025, Día Internacional del Trabajo, se convierte en una oportunidad para reflexionar con seriedad y responsabilidad sobre el verdadero estado del empleo en el país.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) junio 2024 son contundentes. Aunque la tasa de desocupación nacional se sitúa en un 5.2%, la cifra esconde un problema aún mayor: la subocupación. En el país, 317,815 personas, equivalentes al 8.5% de la población ocupada, se encuentran en condición de subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo. Esto significa que, aunque están ocupadas, laboran menos de una jornada semanal y desean trabajar más horas. Por otro lado, 1,295,637 personas están clasificadas como subempleadas por insuficiencia de ingresos, es decir, trabajan más de una jornada laboral, pero sus ingresos son inferiores al salario mínimo establecido.
La situación es aún más crítica para las mujeres. La tasa de desocupación femenina es del 6.5%, frente al 4.4% en hombres, y el tiempo promedio de búsqueda de empleo para las mujeres es mayor. Además, su participación en el mercado laboral es apenas del 40.9%, afectada por barreras estructurales como la carga de los cuidados no remunerados y la discriminación laboral.
Nuestro diagnóstico demuestra que la estrategia de desarrollo actual no garantiza trabajo digno ni sostenible para la mayoría de la población. Los datos evidencian que muchas personas, incluso con educación superior, continúan desempleadas o subempleadas. La relación entre ingresos y nivel educativo refleja una estructura profundamente desigual. Quienes no tienen educación formal reciben, en promedio, L.5,227 mensuales, mientras que quienes acceden a educación superior pueden alcanzar ingresos superiores a los L.18,000. Aun así, estas oportunidades siguen estando fuera del alcance de la mayoría, especialmente en las zonas rurales.
La pobreza laboral continúa siendo una realidad alarmante. Más del 62.9% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 40.1% vive en condiciones de pobreza extrema. Esta situación no solo representa una expresión de carencias materiales, sino también una señal clara de la falla estructural en la capacidad del país para hacer del empleo un verdadero motor de desarrollo y equidad.
Frente a este panorama, Honduras necesita avanzar hacia un nuevo pacto social que ubique al trabajo digno como eje central del desarrollo. No basta con generar empleos; es imprescindible garantizar condiciones laborales que respeten la dignidad humana, proporcionen ingresos justos y aseguren estabilidad. El primero de mayo debe convertirse en más que una fecha conmemorativa, debe ser el punto de partida para impulsar transformaciones profundas que devuelvan la esperanza a quienes sostienen este país con su esfuerzo diario.