Coordinación General: Mauricio Díaz Burdett
Autor: Jorge Henríquez
Diagramación: Joel Alemán
El FOSDEH presenta el Policy Brief “Honduras ante el fin del TPS: Riesgos de retorno y prioridades de política pública”, un análisis que advierte sobre las implicaciones sociales y económicas que podría generar el retorno de miles de hondureños y plantea acciones prioritarias para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras abre un nuevo desafío para el país. Aproximadamente 72,000 hondureños y hondureñas permanecían amparados bajo este mecanismo de protección en Estados Unidos al momento en que se anunció su terminación, una población que durante años ha construido su vida laboral, familiar y comunitaria en ese país.
Ante este escenario, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) presenta el Policy Brief “Honduras ante el fin del TPS: Riesgos de retorno y prioridades de política pública”, una publicación que analiza las condiciones actuales del país y plantea la necesidad de preparar una respuesta integral ante un eventual proceso de retorno.
El análisis parte de una premisa fundamental: el contexto hondureño actual no puede evaluarse únicamente desde las condiciones que dieron origen al TPS después del huracán Mitch. Más de dos décadas después, Honduras enfrenta una combinación de problemas estructurales relacionados con pobreza, precariedad laboral, informalidad, desigualdad, dependencia de las remesas, acceso limitado a servicios públicos y persistentes condiciones de inseguridad.
Un país con limitada capacidad de absorción laboral y social
Aunque Honduras ha registrado avances en algunos indicadores económicos, estos no necesariamente reflejan una mejora suficiente en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
En 2025 el 60.1 % de los hogares hondureños se encontraba en condición de pobreza, mientras que el 38.3 % vivía en pobreza extrema. Esto significa que seis de cada diez hogares todavía enfrentan dificultades para generar ingresos suficientes que permitan cubrir el costo de sus necesidades básicas.
El mercado de trabajo también presenta importantes limitaciones. La tasa de desocupación se situó en 4.9 % durante 2025; sin embargo, este indicador no refleja por sí solo la calidad del empleo existente. Un 33.4 % de las personas ocupadas se encontraba en condición de subocupación por insuficiencia de ingresos, mientras que la medición oficial más reciente sobre informalidad laboral estimó que alrededor del 74.8 % de las personas ocupadas trabajaba en el sector informal.
En este contexto, la llegada de un número importante de personas retornadas podría aumentar la presión sobre el mercado laboral, la vivienda, los servicios públicos y los mecanismos institucionales de atención y reintegración.
El TPS también tiene una dimensión económica para Honduras
El impacto de una eventual finalización del TPS no se limita al retorno de personas. También puede producir efectos sobre los ingresos de miles de hogares hondureños.
Las remesas familiares alcanzaron US$11,904.4 millones durante 2025, equivalentes aproximadamente al 29.6 % del Producto Interno Bruto, confirmando la elevada dependencia que mantiene la economía hondureña respecto de estos recursos.
El análisis estima que las personas beneficiarias del TPS enviaron durante 2025 alrededor de US$310 millones en remesas, dentro de un rango estimado de entre US$250 millones y US$370 millones.
Una reducción de estos flujos podría afectar directamente el consumo y la estabilidad económica de los hogares receptores, especialmente aquellos que dependen significativamente de las remesas para cubrir alimentación, vivienda, educación, salud y otras necesidades esenciales.
Por ello, el desafío no consiste solamente en recibir a las personas que eventualmente regresen, sino también en analizar cómo su retorno puede transformar las economías familiares y locales que durante años han dependido de los ingresos generados desde Estados Unidos.
Retornar no significa automáticamente reintegrarse
Ante esta situación, uno de los principales mensajes es que el retorno debe ser entendido como un proceso más amplio que el simple ingreso de una persona al territorio nacional.
Una reintegración sostenible requiere oportunidades de empleo, acceso a servicios, mecanismos de protección social, posibilidades de emprendimiento, acompañamiento institucional y condiciones de seguridad que permitan reconstruir proyectos de vida.
Este contexto adquiere especial relevancia considerando que muchas de las personas beneficiarias del TPS han permanecido durante décadas en Estados Unidos, han formado familias, poseen vínculos laborales consolidados e incluso tienen hijos e hijas con ciudadanía estadounidense.
Por esta razón, las posibles consecuencias del fin del TPS también deben analizarse desde la perspectiva de la unidad familiar, la continuidad educativa, la transferencia de ahorros, la protección de activos y la planificación de un eventual retorno.
Se requiere una respuesta anticipada y coordinada
El FOSDEH plantea que enfrentar este escenario requerirá coordinación entre instituciones públicas, gobiernos municipales, sector privado, sociedad civil y organismos de cooperación internacional.
El Policy Brief identifica varias prioridades de política pública.
Entre ellas se encuentra realizar una revisión integral y actualizada de las condiciones de Honduras, considerando no solamente las razones originales que dieron lugar al TPS, sino también las actuales condiciones económicas, sociales, laborales y de seguridad del país.
Asimismo, se propone promover una transición ordenada, que permita a las personas beneficiarias acceder a orientación jurídica, evaluar otras alternativas migratorias, organizar responsablemente el cierre de compromisos laborales, planificar la transferencia de sus ahorros y preparar sus condiciones de retorno.
La protección de la unidad familiar constituye otra prioridad, particularmente en aquellos hogares donde existen cónyuges, hijos o hijas con ciudadanía estadounidense, procurando evitar separaciones innecesarias y afectaciones en los procesos educativos.
También se recomienda implementar mecanismos orientados a la protección de los ingresos y las remesas, mediante servicios financieros de bajo costo, orientación para la inversión de ahorros y programas que faciliten la creación de empresas y emprendimientos.
En el ámbito territorial, resulta necesario fortalecer las capacidades municipales y comunitarias, incluyendo la reactivación de oficinas municipales de atención a personas migrantes retornadas, independientemente de la modalidad bajo la cual regresen al país.
Finalmente, desde el FOSDEH proponemos desarrollar un sistema público de monitoreo que permita conocer periódicamente el comportamiento de los retornos, la reinserción laboral, los ingresos familiares, las remesas, la matrícula escolar, el acceso a servicios de salud, los desplazamientos y los posibles procesos de migración reiterada.
Prepararse antes del retorno
La discusión sobre el fin del TPS no debería comenzar cuando las personas retornadas lleguen al país.
Las condiciones actuales de Honduras muestran que un proceso de retorno significativo podría profundizar presiones ya existentes sobre el empleo, los servicios públicos y las economías familiares. Al mismo tiempo, una respuesta anticipada podría permitir aprovechar las capacidades, conocimientos, experiencia laboral, redes y recursos acumulados por miles de hondureños durante su permanencia en Estados Unidos.
El desafío, por tanto, no es solamente migratorio.
Es también económico, social, territorial, familiar e institucional.
Para el FOSDEH, este escenario requiere políticas públicas capaces de trascender las respuestas de emergencia y avanzar hacia una estrategia de reintegración sostenible que proteja a las personas, fortalezca las capacidades territoriales y reduzca el riesgo de que el retorno se convierta en una nueva fuente de vulnerabilidad.
La publicación “Honduras ante el fin del TPS: Riesgos de retorno y prioridades de política pública” busca aportar elementos para este debate y contribuir a que las decisiones públicas frente al fin del TPS se construyan a partir de evidencia, prevención y una comprensión integral de las condiciones que actualmente enfrenta Honduras.