Coordinación General: Mauricio Díaz Burdett
Autor: Evin Pagoaga, Emma Velásquez
Diagramación: Joel Alemán
Honduras se enfrenta a uno de los desafíos legales y financieros más delicados de su historia reciente: una demanda internacional por más de 10,700 millones de dólares presentada por la ZEDE Próspera ante el CIADI. Esta cifra, que equivale a casi un tercio del PIB nacional, no solo compromete el futuro económico del país, sino que expone con crudeza las consecuencias de decisiones políticas tomadas sin el debido análisis constitucional, fiscal y social.
Las ZEDE, promovidas en su momento como polos de atracción de inversión extranjera, terminaron convirtiéndose en una amenaza a la soberanía nacional. Declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, hoy son el eje de un conflicto internacional que pone en entredicho la capacidad del Estado para reformar su marco legal sin represalias económicas externas.
Este caso no solo pone en tela de juicio la validez de los tratados internacionales suscritos por Honduras, sino que también desnuda una preocupante falta de transparencia, de estudios técnicos y de salvaguardas para proteger el interés público. Además, plantea un debate urgente: ¿hasta qué punto pueden los Estados modificar sus leyes sin exponerse a sanciones multimillonarias de tribunales de arbitraje que operan al margen del derecho interno y de los estándares de derechos humanos?
La estrategia del gobierno debe ir más allá de lo jurídico. Es imprescindible fortalecer la defensa legal del país con expertos en soberanía y arbitraje internacional, pero también abrir un frente diplomático, comunicacional y político que explique al mundo por qué se eliminaron las ZEDE y qué riesgos representan para la institucionalidad democrática.
Este conflicto representa una oportunidad para revisar los tratados de inversión y repensar el modelo de desarrollo que Honduras quiere construir. Un modelo que no se base en concesiones desmedidas, sino en reglas claras, respeto a los derechos humanos, participación ciudadana y justicia económica.
Porque la defensa del Estado no solo se libra en los tribunales, sino también en la capacidad de aprender del pasado, corregir el rumbo y proteger el futuro de las próximas generaciones.